Estamos siendo testigos de un golpe de estado en versión blanda en el estado español. El estatut es, quien lo iba a decir, una de las trincheras de defensa del estado de derecho frente a la barbarie del “todo vale” y de la injusticia del “Mi palabra es la ley” que se canta en la ranchera famosa. Y es una razón que corona la defensa firme e inquebrantable de, también, dotarnos de un poder judicial vasco.
La guerra civil en el estado español, cabe recordarlo, se dió en el momento en que la derecha se autoconvenció de que sería imposible para ella tomar el poder (de nuevo) a través de las urnas, tras la victória del “Frente Popular” en febrero de 1936. En este momento la derecha quiere usar (y lo hace) todos sus recursos para tratar de condicionar (como poco) la labor del llamado “presidente por accidente” (esto los más suaves). Zapatero se empeñó con el estatut. Su estatut, claro. No el del parlament, que esa es otra historia. Porque en esta historia los catalanes, al igual que me huelo podamos ser los vascos, siempre con la ayuda de la derecha nacionalista (y en nuestro caso, además, de la antes conocida como “izquierda abertzale” y en adelante “izquierda autonomista”), somos convidados de piedra.
El estatut, según la ordenación jurídica de la que se dotaron los españoles, es perféctamente legal, dado que es el juego aritmético el que posibilita que un proyecto u otro salga adelante. Si bien es cierto que a la moncloa sólo vayan, previsiblemente, a acceder 2 partidos (PSOE y PP), esto no es óbice para que toda la legislación deba pasar por sus manos. Es como en Estados Unidos (o como debería ser), donde un partido debe defender su proyecto propio y no el consenso con el otro gran partido. Porque si no ese partido estará renunciando a su proyecto político y a la implementación de sus principios fundacionales. Se tramitó y está en vigor, el actual estatut de la vergonya, pero es la ley. Y aqui entra el PP, que de su mayoría absoluta de 2000 - 2004, controla el poder judicial.
El poder judicial en el estado español es política por otros medios. Antes el gobierno de los jueces se nombraba por el parlamento y ahora, dicen, es en parte por el parlamento y en parte por las asociaciones de magistrados. Pero hete aqui que hay asociaciones progresista y conservadora. Es decir, las de los afines al PSOE y al PP. Con lo que con ese maiz volvemos a hacer pan, igual que con la harina que teníamos antes. Y el presidente del Consejo General del Poder Jucidicial, Francisco José Hernando, es el mismo que preside el Tribunal Supremo, el mismo que no quiere atender a las peticiones del poder legislativo por razones políticas y es el mismo que le dijo a un diputado vasco que no entendía el “mal rollito” de los vascos con el “anterior jefe del estado”, el genocida asesino terrorista y golpista general-dictador Franco, y que debíamos conocerle (al de Ferrol, con perdón para los ferrolanos de bien) más y mejor (sic). La Audiencia Nacional, de todos es conocido, es un órgano, como poco, extra constitucional, es decir, que no viene recogido en la constitución. Es un tribunal de excepción para delitos contra el estado. Y para el narcotrafico.
Ahora toca el Tribunal Constitucional, cuya composición es también política. En estos momentos hay empate a 6. Pero como la presidenta es progresista y tiene voto de calidad es la mayoría progresista la que vence en las votaciones. Pero gracias a un subterfugio esto puede no ser así. Al parecer a primeros de 2004 un profesor universitario realizó un informe sobre la participación de las comunidades autónomas en las instituciones europeas, en especial, a través de lo dispuesto en la constitución y los estatutos de autonomía. Un texto académico, sin posicionamiento de parte, con los datos en la mano. Al cabo del tiempo fue nombrado miembro del Tribunal Constitucional en la cuota del gobierno (fijese el grado de politización). Y con la aprobación del estatut, que, entre otras fuentes, bebío del informe del sujeto referido, el PP recusó al personaje “como parte interesada”. Curiosa reflexión cuando en multitud de juicios debiera haberse recusado a multitud de jueces. Recordemos que hay tres instituciones que no fueron depuradas tras la muerte (en la cama, no lo olvidemos jamás) del fascista Franco: la Iglesia, el Ejército y el Poder Judicial. Así es que nos podemos encontrar con multitud de sorpresas.
El año pasado la recusación se rechazó, pero ahora se ha aceptado. Váyase a saber porque razones. Yo me huelo que el ejemplo de Tamayo y Saez prolifera que es una barbaridad. Con esta recusación quedaría la mayoría progresista en minoría de 5 a 6 frente a los conservadores. Y tendrían que tomar en consideración el recurso de insconstitucionalidad del estatut. Que si la cosa sigue así saldrá que si, que será declarado insconstitucional, porque al estar politizado a más no poder, es tan claro como una votación parlamentaria. Hay la posibilidad de que el interfecto dimita y el gobierno le sustituya. El PP aporvecharía para echar más tinta de Txipirón (si es que aún les quedan reservas) con el añadido de que ahora que Lopez Aguilar deja el ministerío de justicia, el PSOE, dice “Pili Zaplana” (el compañero de “Mili Acebes”) que han aprovechado a poner a un “ultraizquierdista”.
Pero como sabrá el lector este no es un caso en que lo importante sea el estatut, aunque la decisión afecte a un pueblo tan importante y relevante como es el catalán, de varios millones de habitantes, y que afecte a su norma fundamental básica, recordemos, ya en vigor, guste o no guste, y con todos los visados y certificados de legalidad jurídica. La cuestión es que detrás del estatut vendrá la ley integral sobre la violencia de género, la ley sobre matrimonios homosexuales, la ley sobre el tabaco, etc. Toda le legislación socialista de estos tres años (y que el PP ha recurrido al constitucional) podrá ser echada atrás por la mayoría conservadora afín al Partido Popular, dejando en tabula rasa toda la producción legislativa de la legislatura. Esa es la cosa. Que el legislativo legisle pero con el temor de que por razones políticas, y como último ratio, venga el poder judicial a tumbarlo todo en base a un principio y programa político determinado. He ahí la cosa.
¿Quien es el culpable? Pues hemos de decir que no solo el PP. El PP es culpable de usar el instrumento. Pero su creación es cosa del PP y del PSOE. Lo mismo que la vigente y torticera ley de partidos políticos es creación de ambos, el pacto por la justicia propició esto. Ahora se debería renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Entonces el pacto PP - PSOE entre Michavila y Lopez Aguilar dió la mayoría a los conservadores, que eran la mayoría parlamentaria. Todo politizado. Pero ahora el PP, escudándose en la necesaria mayoría parlamentaria de 2/3, inalcanzable sin ellos, evita que la mayoría conservadora pase a ser mayoría progresista. Porque saben que su único instrumento es el Poder Judicial, que lo usan en provecho para su batalla política del todo vale contra el gobierno socialista.
En 1993 el PP trató de vencer democráticamente a Gonzalez. Había el tema del Gal, de las corrupciones, del AVE, de la expo, el tema del hermano de Guerra, Filesa, etc y no pudieron. Entonces el PP y su cúpula se autoconvencieron que la única manera de vencer al PSOE era usando todas las cartas. Las marcadas, las sin marcar, las legales, las fuera de la ley, las moralmente aceptables y las otras también. Todas con el único objetivo de desalojar del poder al PSOE. Y tras el 14 de marzo de 2004 vuelven a la misma tesis. Pero se vuelven a equivocar, porque no (o tal vez si) se dan cuenta de que así lo que erosionan no es solo al gobierno, al inquilino, sino a todo el sistema español, a la constitución y al pacto que la hizo posible. Si el futuro que nos trae la recusación resuelta favorablemente al PP sigue el curso anteriormente descrito será la ruptura definitiva de la baraja constitucional. Y en mi caso un argumento más para la reclamación de un poder judicial para Euskal Herria. Porque diganme: ¿Quien querria tener este Poder Judicial descrito anteriormente como propio?
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